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| Lozano Alarcón: pretende lavarse las manos |
En entrevistas para los medios, los funcionarios federales se deslindaron del accidente “echándole la bolita” a su homologo.
Lozano Alarcón aseguró que es la Secretaría de Economía la autoridad responsable en la materia; “es la que otorga las concesiones en términos de la ley minera”, dijo.
Por su parte, Ferrari dijo que efectivamente la dependencia a su cargo tiene la obligación de otorgar las concesiones, sin embargo, indicó que cuando hay incumplimiento de normas, como en el caso de la mina de Sabinas, éstas son competencia de otras dependencias, entre ellas las secretarías del Trabajo y del Medio Ambiente, cuyo titular es Rafael Elvira Quesada.
Explicó que a la secretaría del Trabajo le corresponde verificar las condiciones laborales en las que se encuentra una mina mientras que la Secretaría del Medio Ambiente verifica lo relacionado al caso ambiental; “nosotros nos limitamos a otorgar las concesiones”, sostuvo.
Lozano Alarcón explicó que la situación en la mina era de operación irregular, muy precaria, que operaba en un vacío legal y en la clandestinidad.
Señaló que yacimientos como los de Sabinas no son explotados por los titulares de la concesión sino por terceros, "hay una serie de entendimientos con terceras personas donde se instala este pocito y son personas ajenas al concesionario”.
Ferrari detalló que la concesión es la número 225883 del Lote mupo 5, cuyos titulares son Luis González Garza y Minera El Sabino, ambos con 50 por ciento de participación pero dijo que la Secretaría de Economía no tenía el registro de quien explotaba el pozo donde ocurrió la tragedia.
Comentó que de acuerdo a la primera investigación, era el hijo del señor González Garza, Melchor González, quien probablemente explotaba el pozo siniestrado.
Insistió en que la dependencia a su cargo se limita a verificar que se cumplan con los requisitos que marca la ley para otorgar la concesión, los cuales son el nombre de lote y de los concesionarios, numero de hectáreas y los datos de localización del terreno, que se otorga por 50 años siendo renovable para un periodo similar.
Ambos funcionarios sólo coincidieron en responsabilizar también al concesionario por no dar aviso a las autoridades correspondientes de que ese pozo era explotado.
Lozano Alarcón manifestó: “ni siquiera nos dan aviso de que inician operaciones. (Éste) tenía 18 días de haber iniciado. Operaba casi en la clandestinidad, no tenía un permiso, una concesión propia", por lo que, dijo, se abrirá un proceso penal contra el concesionario del yacimiento o quien resulte responsable.
Reveló que 7 de los 15 trabajadores victimas de la explosión no estaban dados de alta en el Seguro Social y uno era menor de edad, "va contra con al Constitución y la Ley Federal del Trabajo; por donde se vea estas son operaciones y situaciones irregulares".
En tanto, el gobernador de Coahuila, Jorge Torres, aseguró que es responsabilidad del gobierno federal la concesión y las condiciones laborales en las que operan todas las minas del país.
El mandatario estatal aseguró que por ley las autoridades de Coahuila no pueden supervisar las condiciones en las que operan las mineras.
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