ESCLARECER ASESINATOS DE PERIODISTAS: CIDH

Washington D.C., 8 de julio de 2010 (Relatoria Especial OEA LE).- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa profunda preocupación por el asesinato del periodista Hugo Alfredo Olivera ― quien apareció muerto el seis de julio cerca de la ciudad de Apatzingán, en el estado mexicano de Michoacán ― y pide a las autoridades de México una investigación pronta y diligente que permita identificar y sancionar a los responsables del crimen.

Según la información recibida, a las tres de la madrugada la Policía encontró el cuerpo del periodista, dentro de su vehículo, con heridas de bala en la cabeza. Olivera había salido a cubrir una información, pero nunca regresó a su casa. El periodista era editor del periódico El Día de Michoacán y dirigía la agencia de noticias regional ADN; también era corresponsal y colaborador de varios medios regionales y nacionales. Olivera escribía acerca de asuntos policiales y políticos.

De acuerdo con datos confirmados por organizaciones de prensa mexicanas e internacionales, en la madrugada del seis de julio personas no identificadas entraron a las oficinas de El Día de Michoacán y robaron computadoras y unidades de memoria.

Con la muerte de Olivera llega a siete el número de periodistas asesinados en México durante 2010. El 28 de junio en Guerrero fueron asesinados Juan Francisco Rodríguez Ríos y Elvira Hernández Galeana; Jorge Rábago Valdez, fue asesinado el 2 de marzo en Tamaulipas; Jorge Ochoa Martínez, fue asesinado el 29 de enero en Guerrero; José Luis Romero, fue encontrado muerto el 16 de enero, en Tamaulipas y Valentín Valdés Espinosa, asesinado el 7 de enero en Coahuila. Además, al menos cinco comunicadores han sido secuestrados este año.

La Relatoría Especial hace un llamado urgente a las autoridades mexicanas para impedir la impunidad de los crímenes contra periodistas, un paso fundamental para prevenir nuevos asesinatos orientados a acallar a los comunicadores. Resulta indispensable la adopción inmediata de medidas tendientes a proteger el ejercicio libre y seguro del periodismo, como el fortalecimiento de la Fiscalía Especial, la atención por parte de la justicia federal de los atentados contra comunicadores y la implementación de medidas efectivas y prontas de seguridad para garantizar la vida e integridad de periodistas amenazados.

Tal como lo destaca el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, es deber de los Estados prevenir e investigar asesinatos y agresiones contra periodistas, sancionar a los autores y asegurar a las víctimas una justa reparación.