Por Yuriria Sierra
Barack Obama, a través del Departamento de Justicia, impugnó ayer la ley Arizona. Casi dos meses y medio después de promulgada, es que el gobierno de Estados Unidos desea cuestionar su constitucionalidad, usurpa funciones federales, se alega. Cuando entró en vigor en abril pasado, fueron cientos de voces las que se alzaron para pedir la objeción del presidente ante la postura de la gobernadora de Arizona. No sólo por lo que a bote pronto dice, cualquiera que en su imagen de la idea de ser “latino” podrá ser detenido e interrogado para comprobar su situación legal, sino porque además cuarta la libertad de transito de todo aquel, sea cual sea su condición migratoria. Uno de los derechos más elementales.
Una ley que nos sorprendió, sí, aunque es resultado de tantos permisos otorgados tácitos a los residentes estadunidenses del estado y que nadie enfrentó. Arizona siempre se ubicó, junto con Texas, como uno de los estados más intolerantes en temas de inmigración, ahí la sede de los famosos RR (Ranch Rescue), los caza inmigrantes que disparaban a cualquiera que cruzará la frontera de manera ilegal y que invadiera su territorio o sus propiedades en la vía de alcanzar su propósito, un grupo formado por los dueños de ranchos ubicados cerca de la frontera con México.
Fue inconcebible cuando, ya con la ley en marcha, el presidente Obama se rehusaba a tocar el tema o lo evadía con su discurso de compromiso para resolver temas importantes para todos, pero sin un plan de acción claro. Incluso la semana pasada, cuando en un discurso dado en la American University, obvio el tema de la reforma migratoria, condicionándola a “sellar primero la frontera sur” antes de trabajar en éste, el tema que siempre ha estado escrito en la agenda pero que repetidamente se ignora.
Se dispuso así a compartir -en realidad, delegar- la responsabilidad del avance en el tema a los republicanos. Inquietante manera de tratar el tema; y es que aunque su derecho a cuidar la frontera sur de su país es innegable, lo es también el de nuestro país para de enumerar las fallas que el gobierno estadunidense ha tenido en tantos años, el peligro en la frontera no está en la cantidad de inmigrantes que desean cruzarla. Y es que esa evasión, deslinde y delegación de responsabilidades en materia migratoria y que ha provocado que figuras como Jan Brewer se erijan como defensoras de un territorio.
Son casi medio millón de indocumentados, alrededor de 460 mil, en su mayoría mexicanos, los que hoy están a expensas del criterio de cada agente policíaco del estado, cualquiera puede ser detenido y si no logra acreditarse como ciudadano legal, se convierte en automático en delincuente. El 70% del electorado aprobó esta reforma, la SB1070.
Que el gobierno de Obama por fin haya actuado en contra de una ley que no resuelve y sí tensa más las condiciones en que viven los millones de inmigrantes en su país, más que el paso evidente, es el necesario para al menos saber que si bien la política estadunidense no tiene acciones claras encaminadas al tema, sí tiene el compromiso de no complicarse más. Aunque también es una acción para mantener postura en esa responsabilidad que le achaca a los republicanos y su falta de atención y ganas para discutir sobre el asunto. Por lo pronto, el que la ley se eche para atrás, sería comenzar a barrer el camino en pro de esa reforma migratoria que ya se está convirtiendo en un sueño, más que americano, en uno inmigrante.
Fuente: http://www.eldiariodesonora.com.mx
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