Raúl Hernandez es un preso de conciencia que fue acusado injustamente de un asesinato como represalia por su legítima labor de promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos (LAWG) le mandaron la carta abajo al Procurador General de Guerrero solicitando su libertad inmediata.
Procuraduría General de Justicia de Guerrero
Carretera Nacional México-Acapulco
Km. 6+300
Tramo Chilpancingo-Petaquillos
Chilpancingo 39090, Guerrero,
MÉXICO
8 julio 2010
Estimado Procurador General,
Le escribimos para expresarle nuestra profunda preocupación por la detención irregular en abril de 2008 de Raúl Hernández, defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas e integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM). Raúl Hernández es considerado por Amnistía Internacional como un preso de conciencia porque fue acusado injustamente de un asesinato como represalia por su legítima labor de promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Por la acusación injusta en contra de Raúl Hernández le pedimos su libertad inmediata e incondicional.
El 17 de abril de 2008, el Sr. Hernández y cuatro otros integrantes de la OPIM fueron detenidos y acusados del asesinato de Alejandro Feliciano García. Los otro cuatro fueron liberados por falta de pruebas en su contra pero el Sr. Hernández no. Un juez federal negó el amparo a Raúl Hernández, aduciendo que dos presuntos testigos habían declarado que estaba presente cuando se disparó a la víctima, sin haber tomado en cuenta las declaraciones de testigos presenciales que afirman que él no se encontraba en el lugar de los hechos cuando se cometió el asesinato. El 26 de mayo de 2010 se llevó a cabo la inspección ocular que ofreció la defensa legal de Raúl Hernández como parte de las últimas pruebas antes del cierre de instrucción y durante ésta las autoridades judiciales constataron que el único testigo que señalaba directamente a Raúl mintió, ya que por las circunstancias en que se cometió el homicidio no era posible identificar a Raúl como él que cometió el crimen.
Por lo anterior, en la presentación de la conclusiones de la Procuraduría sobre el caso le instamos respetuosamente a recomendar que se retiren los cargos de asesinato contra Raúl Hernández. También le solicitamos que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el uso indebido del sistema judicial para encarcelar injustamente a Raúl Hernández. Esperamos que este caso se resuelva en la manera más expediente posible para garantizar la justicia.
Atentamente,
Maureen Meyer Jennifer Johnson
Washington Office on Latin America Latin America Working Group
CC: Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont, Secretario de Gobernación
Lic. Zeferino Torreblanca Galino, Gobernador Constitucional de Guerrero
Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"
Embajador Arturo Sarukhan Casamitjana, Embajada de México en Estados Unidos
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