El primero hace referencia a que la Policía Federal de México “todavía basa en gran medida su capacidad operativa en la Ciudad de México”; asimismo habla de las preocupaciones de Calderón respecto a la injerencia del presidente venezolano Hugo Chávez en México e incluso “resbala” la sospecha de que Chávez financió al PRD durante la campaña presidencial “casi hace cuatro años”. En este documento Calderón exhorta a Estados Unidos a estar “pendiente” de Guatemala y Belice, “ya que sus debilidades internas los hacen vulnerables. Él (Calderón) está preocupado por la frontera sur de México”.
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El segundo habla sobre la muerte de Arturo Beltrán Leyva en una operativo; el narcotraficante es visto como la figura más importante de un cártel bajo la administración de Calderón y señala “la operación es una clara victoria para el gobierno de México y un ejemplo de excelente cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos”. El cable también cuestiona que la muerte de Beltrán Leyva solucione el problema del narcotráfico en México, pero “se espera que genere el impulso necesario para obtener un progreso constante contra el tráfico de drogas”.
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El tercero de los cables es referente al liderazgo y personalidad tanto del presidente Felipe Calderón como de su gabinete y señala: “Las referencias f-h indican que Calderón y su administración están actualmente bajo un gran estrés por la guerra contra las drogas, el colapso económico y las pérdidas electorales de su partido en las recientes elecciones intermedias. A pesar de informes recientes nosotros seguimos interesados en cómo este estrés afecta su personalidad y su estilo de gestión y cómo ese estilo está afectando la marcha del gobierno, sobre todo a raíz de los recientes cambios de gabinete”.
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El cuarto documento refiere que el secretario de Defensa, Guillermo Galván, planteó ante diplomáticos de EU la posibilidad de invocar el artículo 29 de la Constitución para declarar el estado de excepción en algunas zonas del país para la lucha contra el narcotráfico. Fernando Gómez Mont, extitular de Segob, externó otra opinión, citando una decisión de la Suprema Corte como precedente suficiente para proporcionar a los militares la base jurídica para las actividades antinarcóticos en el país. Asimismo, el análisis de EU sugiere que los beneficios de invocar un estado de excepción no son seguros y los costos políticos parecen altos. Mientras que la posibilidad de tal declaración por el gobierno mexicano no puede ser próximamente descartada, parece difícil demostrar la eficacia o la necesidad de un movimiento tan inmediato.
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El quinto documento habla sobre la inauguración del Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa (DBWG, por sus siglas en inglés), el 1 de febrero pasado, en medio de los esfuerzos de EU para profundizar la relación bilateral y el apoyo militar hacia México buscando la modernización. Según EU, el DBWG puede ayudar a asegurar que el gobierno de México se mantenga enfocado en la creación de las mejoras institucionales – incluyendo una mayor atención a los derechos humanos y una mayor participación regional – que se necesitan para reforzar su eficacia en la lucha inmediata contra la delincuencia organizada y posicionar al ejército mexicano como un ejército del siglo XXI en una de las principales democracias de la región.
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