Lo novedoso del caso es que la protesta, como la describió el canciller hondureño Mario Canahuati, es conjunta y firme. Lo nada novedoso es que las autoridades mexicanas negaron en un principio que siquiera hubiera existido el evento, para en menos de 24 horas recular y apurarse a decir que están investigándolo.
El 16 de diciembre pasado el tren que había salido de Arriaga, Chiapas, se detuvo 40 kilómetros más adelante, en Chahuites, Oaxaca, para una revisión policíaca. Es el vehículo de quienes pretenden llegar a Estados Unidos cruzando de manera ilegal por México. Los inmigrantes centroamericanos huyeron de la redada en la que también participaron elementos del Instituto Nacional de Migración (INM).
El ferrocarril, con los techos de los vagones de nuevo repletos de indocumentados que lograron burlar el retén, se puso en marcha minutos más tarde, pero apenas cinco kilómetros adelante la vía estaba bloqueada con troncos. Al detenerse la locomotora, unos 15 hombres vestidos de negro, con machetes y armas, secuestraron a decenas de migrantes.
Del caso supieron de inmediato todos, menos el Gobierno Mexicano: la oficina pastoral que cuida a los migrantes, personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la cónsul de El Salvador en Chiapas, Vilma Mendoza, quien inició el reclamo.
“A punta de machete se los llevaron, a uno que opuso resistencia le asestaron tres machetazos. Hicieron dos grupos, de alrededor de 20 personas, uno de ellos de mujeres. Es imposible determinar la nacionalidad de los secuestrados”, explicó a la prensa Mendoza, cuya cancillería fue la primera en demandar a México el esclarecimiento del caso.
Como respuesta inicial, el INM —tristemente célebre por la desastrosa actuación de su anterior directora Cecilia Romero ante la masacre de 72 inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas— emitió un comunicado el martes en donde asentaba que según sus averiguaciones el tren ni siquiera se había detenido en el punto que la cónsul salvadoreña señalaba. Pero menos de 24 horas después el Instituto de Migración tuvo que corregir ante las evidencias: en la Casa del Migrante Hermanos del Camino del padre Alejandro Solalinde cuentan con testimonios de primera mano de sobrevivientes del secuestro y, por si fuera poco, la CNDH grabó 13 relatos de testigos del crimen de ese día.
Finalmente, el INM hizo viajar a la capital mexicana a esos centroamericanos para que aporten elementos que lleven a las autoridades a determinar qué fue lo que pasó en ese incidente que inicialmente ellos ni siquiera reconocían como existente.
El Canciller hondureño Mario Canahuati dijo que tanto su país como El Salvador y Guatemala tienen una “posición firme” y de “protesta”, porque a pesar de que se han firmado con México acuerdos de colaboración de hasta 27 convenidos para abordar la problemática migratoria, “ni uno” se ha puesto en marcha.
LA CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente de queja e inició una investigación sobre el presunto secuestro de un grupo de migrantes centroamericanos, el pasado jueves 16 de diciembre, en los límites del estado de Oaxaca.
El organismo hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que implementen acciones coordinadas que prevengan el secuestro de indocumentados y les brinden la atención correspondiente, respetando sus derechos humanos, independientemente de su calidad migratoria.
Sobre el caso de Oaxaca, el martes pasado el Instituto Nacional de Migración (INM) dijo que no hay evidencia de un presunto plagio de migrantes que viajaban en un tren, como afirmaron autoridades de El Salvador y Honduras.
La respuesta se dio con relación al comunicado emitido por la Cancillería salvadoreña, sobre el presunto secuestro de al menos 50 centroamericanos el pasado 16 de diciembre.
La CNDH explicó que desde el momento en que tuvo conocimiento de este caso, por instrucciones de su presidente, Raúl Plascencia Villanueva, envió personal al albergue Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca, para brindar apoyo.
En un comunicado, la CNDH informó que recibió testimonios de inmigrantes que narraron lo sucedido a sus compañeros.
Además, comentó que desde el pasado 11 de noviembre pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) la implementación de medidas cautelares para el presbítero Alejandro Solalinde Guerra y los habitantes del albergue Hermanos en el Camino. Lo anterior, al considerar que su vida e integridad física estaban en riesgo.
Arman nuevo diagnóstico
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos externó su compromiso con la atención integral y la reparación del daño, a los que tiene derecho cualquier víctima de algún delito.
El organismo puntualizó que estará presente en este y en cualquier evento que vulnere los derechos humanos de los migrantes, para dar puntual seguimiento a las investigaciones y emitir la resolución que conforme a derecho corresponda.
La CNDH también informó que da seguimiento al Acuerdo sobre la Estrategia Integral para la Prevención y Combate al Secuestro de Migrantes, firmado el pasado 31 de agosto con las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública.
Con base en el mismo acuerdo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos elabora un nuevo diagnóstico sobre el secuestro de indocumentados en territorio nacional.
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