El Informe Anual de la Confederación Sindical Internacional, CSI, sobre los derechos sindicales documenta un impresionante incremento en el número de sindicalistas asesinados en 2009: 101 muertes – un 30% más que el año anterior. El Informe, publicado el día de hoy, expone además la creciente presión que pesa sobre los derechos fundamentales de los trabajadores de todo el mundo debido al impacto, cada vez más profundo, de la crisis económica global en el empleo.
De las 101 víctimas, 48 fueron asesinadas en Colombia, 16 en Guatemala, 12 en Honduras, seis en México, seis en Bangladesh, cuatro en Brasil, tres en la República Dominicana, tres en Filipinas, una en la India, una en Iraq y una en Nigeria. Veintidós de los sindicalistas colombianos asesinados eran dirigentes sindicales, y cinco de ellos mujeres, lo que mantiene la acometida registrada en años anteriores. La escalada de la violencia en Guatemala y Honduras también sigue una tendencia que se ha venido desarrollando en los últimos años.
Reina la impunidad en América Latina
La situación de los sindicalistas no mejora en el continente americano, sin lugar a dudas a causa de la impunidad de que disfrutan los responsables de las violaciones cometidas contra los derechos sindicales. Esto es en resumen lo que establece el capítulo consagrado a las Américas en el Informe 2010 sobre las violaciones de los derechos sindicales en el mundo, publicado hoy por la Confederación Sindical Internacional (CSI). No es de extrañar que este continente siga siendo el más mortífero para los sindicalistas, destacando en particular Colombia, donde 48 activistas sindicales perdieron la vida.
El continente americano es desde hace varios años teatro de numerosos asesinatos, principalmente en Colombia, Guatemala (16) y Honduras (12), así como secuestros, amenazas de muerte y agresiones o incluso allanamiento de domicilios de sindicalistas. Por otro lado, la crisis económica y financiera mundial ha tenido profundas repercusiones sobre la economía real de América Latina, a pesar de que mostrase una mayor resistencia que otras regiones del mundo a la inestabilidad financiera. El informe anual de la CSI explica que algunos Gobiernos, como el de Costa Rica, utilizaron la crisis como pretexto para debilitar aún más los derechos sindicales y de los trabajadores/as imponiendo medidas de flexibilidad laboral.
Colombia no sólo ha sido el país más peligroso de mundo para los sindicalistas (60% de los asesinatos perpetrados a causa de las actividades sindicales en todo el mundo tuvieron lugar en Colombia), sino que además el clima antisindical endémico desde hace años parece haberse asentado aún más firmemente. A los asesinatos mencionados hay que sumar otros muchos casos no registrados, así como los atentados, las desapariciones y las amenazas de muerte. La violencia contra las mujeres está también en aumento: de los 48 sindicalistas asesinados, cinco eran mujeres. El Informe de la CSI establece una clara constatación: la impunidad de que disfrutan los autores intelectuales de estas violaciones impide la erradicación del clima antisindical que prevalece en Colombia.
La agricultura ha resultado particularmente afectada en Brasil, donde el Informe de la CSI ha registrado un aumento significativo de la violencia contra los trabajadores de este sector.
América Central ha sido igualmente testigo de una recrudescencia de las violaciones de los derechos sindicales, particularmente en Guatemala, país que se ha sumado desde hace algunos años a Colombia en términos de peligrosidad para los sindicalistas. La actos de represión contra miembros del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) se han intensificado considerablemente. Podemos realmente hablar una guerra sucia contra los sindicalistas, donde los asesinatos, las amenazas de muerte, la detención y la tortura se han convertido en la terrible realidad cotidiana para los trabajadores y trabajadores. En México, tal como explica el Informe de la CSI, el Gobierno viene desplegando desde hace varios años una auténtica estrategia antisindical. Cuatro miembros del sindicato nacional de mineros resultaron muertos durante el transcurso de una larga acción de huelga.
El informe de la CSI destaca que la tendencia generalizada en América es oponerse a la sindicalización. Muchos empleadores recurren a diversas tácticas antisindicales, incluyendo despidos, hostigamiento o el establecimiento de listas negras. Durante el pasado año, cerca de 200 trabajadores serían arrestados a causa de sus actividades sindicales, la mayoría de ellos en Honduras, y alrededor de 2.000 fueron despedidos, principalmente en Colombia. Aunque siguen existiendo obstáculos al ejercicio de los derechos sindicales en Estados Unidos y en Canadá, no se recurre sino de manera marginal a la violencia. Otras herramientas empleadas para contrarrestar la sindicalización en América Latina son las negociaciones directas con trabajadores no sindicalizados, el solidarismo (establecimiento de asociaciones dependientes de la empresa) y los contratos de protección (simulacros de convenios colectivos creados por la patronal), principalmente presentes en México, Costa Rica, Ecuador o Panamá.
La situación de numerosos trabajadores de la economía informal y no protegidos que describe el Informe Anual de la CSI no resulta nada satisfactoria. La mayoría de ellos no pueden afiliarse a sindicatos ya sea porque la ley no se lo permite o por presiones de los empleadores. En América Central, los trabajadores y trabajadoras siguen sin disfrutar de derechos sindicales en las zonas francas industriales (maquila) y prácticas de empleo como la subcontratación de mano de obra mediante la tercerización siguen constituyendo un importante obstáculo a la sindicalización y la negociación colectiva.
El Informe de la CSI demuestra que, en algunos casos, la legislación vigente en ciertos países se ha convertido en una herramienta antisindical. Varias leyes imponen demasiadas restricciones, y en Estados Unidos, México o Ecuador, millones de trabajadores y trabajadoras, como los funcionarios públicos o los trabajadores/as agrícolas, se ven privados de sus derechos fundamentales. En la mayoría de los casos, cuando las disposiciones legales no resultan lo bastante firmes, los empleadores se niegan a negociar convenios colectivos, como ha sido el caso en Trinidad y Tobago. Pero incluso cuando la ley es adecuada, una aplicación ineficaz o inadecuada hace que resulte inoperante
Por otro lado, incluso cuando se cuenta con disposiciones legales, su ineficacia y una implementación inadecuada hacen que resulten insuficientes. Como nota positiva, en El Salvador, algunas medidas del nuevo Gobierno facilitan el ejercicio del derecho a la sindicalización, incluso en el sector público, y finalmente pudieron registrarse algunos sindicatos. En Bolivia, la Constitución de 2009 mejora la protección de los derechos sindicales, pese a que persisten restricciones como la necesidad de contar con autorización previa del Gobierno para establecer un sindicato. En Argentina, una sentencia de la Corte Suprema extendió a los representantes de todos los sindicatos registrados la protección que anteriormente se acordaba únicamente a los líderes de los sindicatos con personería gremial.
El Informe de la CSI incluye también notas positivas, como es el caso en El Salvador, donde algunas medidas del nuevo Gobierno facilitan el ejercicio del derecho a la sindicalización, particularmente en el sector público, o en Bolivia, donde la Constitución de 2009 mejora la protección de los derechos sindicales, pese a que persisten determinadas restricciones. También en Argentina, donde una sentencia de la Corte Suprema extendió a los representantes de todos los sindicatos registrados la protección que anteriormente se acordaba únicamente a los líderes de los sindicatos con personería gremial.
Según la CSI, la violencia recurrente y las permanentes violaciones de los derechos sindicales en numerosos países, son consecuencia evidente de la flagrante impunidad que prevalece. “La persistencia de la impunidad descrita en el Informe Anual de la CSI pone en entredicho la auténtica voluntad de determinados Gobiernos para proteger los derechos sindicales y prevenir eficazmente las violaciones”, declaró Guy Ryder, Secretario General de la CSI. “Ha de hacerse todo lo posible para que el movimiento sindical pueda ejercer su legítimo papel en tanto que contrapeso y representante de la clase obrera”, añadió. En muchos casos de violaciones de los derechos sindicales están incluso implicadas las fuerzas de seguridad y la policía, y apenas una mínima fracción de los responsables de esos actos ha sido llevada ante la justicia.
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