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lunes, 20 de septiembre de 2010

EJECUCIÓN FEMENINA EN ESTADOS UNIDOS



Teresa Lewis, condenada por orquestar el asesinato de su marido e hijastro, tiene una cita con la inyección letal esta semana. La primera ejecución de una mujer en Virginia desde hace casi un siglo

Pedro Rodríguez-Washington (ABC)

Para contar la historia de Teresa Lewis hay que remontarse a la noche del 30 de octubre del 2002, víspera de Halloween. Dos individuos armados irrumpieron en una casa-trailer ocupada por una familia de tres en el condado de Pittsylvania, al sur de Virginia. Los asaltantes ordenaron a Teresa salir del dormitorio donde inmediatamente después su marido Julián era cosido a balazos. La misma suerte trágica que corrió al hijastro de Teresa, un joven reservista que estaba de visita antes de ser destinado a Irak.
Tras robar algo de dinero, los asesinos huyeron de la casa. Y unos 45 minutos después, Teresa llamó a la Policía. Pero en las últimas palabras de su agonía, Julián alcanzó a decir a los agentes de la autoridad: "Mi mujer sabe quién me ha hecho esto". Acusación corroborada que ha terminado por deparar a Teresa Lewis una cita con la inyección letal para el próximo jueves. La primera ejecución de una mujer en Virginia desde hace 98 años, y la número doce desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmase la constitucionalidad de la pena de muerte en 1976.
De acuerdo al sumario de este caso, que se lee como un ya visto guión de Hollywood, Teresa (ahora de 41 años de edad) pagó con sexo y dinero a los dos jóvenes asesinos de su familia, identificados como Matthew Shallenberger (22 años) y Rodney Fuller (19 años). Además de mantener un "affaire" con Mathew, Teresa acordó con sus improvisados sicarios repartirse el seguro de vida de su hijastro por valor de 250.000 dólares. Además de avanzar, 1.200 dólares para la adquisición de las requeridas armas y munición.
En mayor del 2003, tras renunciar a un juicio, Teresa Lewis se declaró culpable de contratar la muerte de su familia. El juez del caso consideró que la mujer por haber sido el cerebro de ese doble asesinato -"la cabeza de la serpiente" en palabras del magistrado Charles Strauss- merecía la la pena capital. Mientras que Matthew y Rodney, que también admitieron su responsabilidad, recibieron sendas cadenas perpetuas. Posteriormente, Matthew se suicidó entre rejas.
El gobernador republicano de Virginia, Bob McDonnell, ya ha indicado que no encuentra motivos de clemencia en este caso. Lo cual deja la suerte de Teresa Lewis en manos del Supremo en Washington, con muy pocas probabilidades de intervención a su favor. Aún así, sus abogados se han embarcado en una desesperada defensa pese a no disputar realmente su culpabilidad.
Entre los argumentos esgrimidos figuran pruebas periciales que sitúan a Teresa al borde del retraso mental. Y el recordatorio de que la Justicia de Estados Unidos considera que ejecutar a retardados mentales viola la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe cualquier forma de castigo cruel o inusual. Pero en el proceso de apelaciones, las diversas instancias que han examinado el caso de Teresa han coincidido en que el coeficiente mental de la acusada no es lo suficientemente bajo como para aplicar la doctrina salvadora del Supremo.
La defensa de Teresa también ha argumentado que la mujer sufría de una dependencia a los analgésicos en el momento de los asesinatos, que explicaría su falta de remordimiento demostrada al empezar a reclamar el seguro de su hijastro a las pocas horas de su muerte. Además han presentado un diagnóstico de desorden de personalidad dependiente, que haría de Teresa una persona especialmente susceptible a la hora de ser manipulada por hombres.
El famoso escritor John Grisham, especialista en "thrillers" legales, se ha sumado a las peticiones de clemencia para Teresa. Según el novelista: "En Virginia, la ley es cualquier cosa menos consistente. Han existido otros casos con hechos similares: una mujer y su amante que conspiran para matar al marido por dinero. Pero no existe precedente de que la esposa sea sentenciada a muerte. Esas inconsistencias ridiculizan la idea de que nuestro sistema está basado en igualdad ante la ley".

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