Nos dirigimos a S.E. con el fin de manifestar nuestra preocupación por los mensajes contradictorios que ha expresado en relación con la necesidad de proteger los derechos humanos en Mexico. Estos mensajes menoscaban las medidas destinadas a proteger las libertades fundamentales en la estrategia de su gobierno contra el crimen organizado. Le sugerimos respetuosamente a S.E. manifestar públicamente que el respeto de los derechos humanos es un aspecto integral de las medidas de seguridad pública de su gobierno, así como respaldar estas afirmaciones mediante el fortalecimiento de la legislación, instituciones y prácticas para proteger dichos derechos.
Coincidimos con S.E. en que México se encuentra inmerso en una grave crisis de seguridad pública que, hasta el momento, como S.E. lo ha reconocido públicamente el pasado mes de agosto: "no ha sido solucionado adecuadamente". Las poderosas estructuras del crimen organizado son responsables de hechos violentos estremecedores, que dirigen contra todos aquellos a quienes consideran sus enemigos, desde servidores públicos que intentan poner freno a sus operaciones, hasta periodistas que informan sobre sus actividades ilícitas. La rivalidad entre carteles y las pugnas en su interior, así como los enfrentamientos armados entre sus miembros y las fuerzas de seguridad, han causado la muerte de más de 28.000 personas durante su gobierno, según el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Esta violencia pone en riesgo la seguridad y el bienestar de la población general y afecta muchas de las libertades fundamentales de los ciudadanos, como su capacidad de expresarse abiertamente, circular libremente y participar políticamente en la sociedad. En épocas de violencia extrema, el gobierno tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales de la población en lugar de ignorarlos con el pretexto de restablecer la seguridad. Además, el gobierno debe defender la libertad de expresión, garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos, respetar la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial, es decir fortalecer el estado de derecho.
Lamentablemente, desde que su gobierno movilizó a decenas de miles de soldados para combatir la violencia relacionada con el narcotráfico, se ha registrado un drástico incremento de las violaciones de derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) ha comprobado que en más que 60 casos de abusos graves cometidos durante su gobierno, como ejecuciones ilegales, violaciones sexuales y torturas, los responsables han sido militares. En ese mismo período, la Comisión recibió más de 4.000 denuncias solamente de presuntos abusos perpetrados por el Ejército. Es particularmente preocupante que la cantidad de denuncias e informes de violaciones de derechos humanos por parte de los militares ha aumentado notablemente año tras año durante su gobierno.
Mensajes contradictorios sobre derechos humanos
Ante este alarmante incremento de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, la difusión de mensajes contradictorios sobre derechos humanos por parte de su gobierno es preocupante.
Los problemas de derechos humanos son rutinariamente excluidos de su discurso sobre la estrategia de seguridad pública del gobierno. Recientemente, inició una serie de "diálogos" públicos con el propósito de formular una estrategia más efectiva contra el crimen organizado en los cuales se incluyó en un primer momento a la "sociedad civil". Al comienzo de este diálogo nacional, expresó S.E. "total apertura" para "para escuchar todas las propuestas que busquen genuinamente contribuir a la solución de este problema [de seguridad pública]". No obstante, durante más de cuatro días de sesiones con la sociedad civil, no mencionó los derechos humanos en ninguno de los nueve discursos que pronunció, ni tampoco invitó a ninguna organización no gubernamental de derechos humanos a participar. Las organizaciones mexicanas de derechos humanos han jugado un rol crucial en la documentación de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante este período violento y son quienes mejor conocen los desafíos que plantean la protección de los derechos fundamentales y la promoción de la seguridad pública. Al no invitarlas a participar en el debate, el gobierno ha desperdiciado una oportunidad importante y ha limitado significativamente el diálogo.
Sólo en pocas oportunidades S.E. se ha referido a la importancia central de los derechos humanos en los esfuerzos por combatir el crimen organizado. Por ejemplo, el 19 de agosto, en un diálogo con miembros del Congreso, cuando estos se refirieron a los abusos generalizados cometidos durante su gobierno, su respuesta fue la siguiente: "[Quisiera] refrendar la convicción del Ejecutivo Federal, de que la premisa mayor es la protección de los derechos humanos en este combate". Consideramos que esta declaración fue sumamente alentadora.
Sin embargo, el potencial de esta declaración, al igual que otras expresiones similares, se ha visto opacado por declaraciones contradictorias donde incluso se cuestiona la veracidad de las denuncias de violaciones de derechos humanos. Tan sólo una semana después de dirigirse a los legisladores, en el diálogo antes mencionado, manifestó en una entrevista de radio: "[C]omo muchas veces dicen, aquí, a cada rato vienen a decir que las violaciones a derechos humanos del Ejército y una serie de cantaletas que también ya empiezan a cansar, que no son ciertas, porque se respeta la dignidad de los criminales, y se les pone ante el Juez y todo".
Estas declaraciones contradictorias sobre los derechos humanos son similares a las formuladas durante una conferencia de prensa concedida el año pasado en Guadalajara junto al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Ante las preguntas sobre el aumento de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, S.E. afirmó que su gobierno tenía "un compromiso absoluto y categórico en la defensa de los derechos humanos". Luego invitó a sus críticos a que probaran "un caso, un sólo caso en el que no haya actuado la autoridad, en que se hayan violado los derechos humanos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias legales, sean policías, sean soldados o cualquier otra autoridad". Anunciar el compromiso del gobierno con los derechos humanos tiene escaso valor si, al mismo tiempo, se afirma que las denuncias de violaciones de derechos humanos "no son ciertas" o que las autoridades simplemente no cometen abusos.
La protección de los derechos humanos fortalece la seguridad pública
Human Rights Watch desea sugerirle respetuosamente que adopte las medidas necesarias para asegurar que el respeto de los derechos humanos forme parte de todas sus iniciativas gubernamentales para mejorar la seguridad pública, tanto en sus compromisos retóricos como en la práctica. México tiene la obligación de proteger y promover los derechos humanos, según lo establecen su Constitución y el derecho internacional. Y, como S.E. ha señalado, el respeto de los derechos fundamentales otorgará a México "la superioridad moral" por sobre las fuerzas violentas que enfrenta.
De otra parte, resulta crucial fortalecer de manera sustancial la efectividad de las fuerzas de seguridad: el restablecimiento de la confianza de la población es una condición fundamental para conseguir el apoyo de la comunidad, que es, a su vez, necesario para detectar la actividad criminal e identificar a miembros de carteles violentos y funcionarios corruptos y abusivos. Combatir los abusos y proteger los derechos no es incompatible con la adopción de una política de seguridad pública firme. Es, más bien, una condición necesaria.
Con este objetivo, y siguiendo su invitación al dialogo y a la cooperación, presentamos a S.E. algunas medidas elementales que permitirían desarrollar los compromisos retóricos con acciones concretas:
Juzgar a integrantes de las Fuerzas Armadas acusados de cometer violaciones de derechos humanos en el sistema de justicia penal ordinario
Como se señaló anteriormente, la cantidad de violaciones de derechos humanos cometidas por militares aumentó drásticamente durante su gobierno. Una de las principales causas por las cuales se repiten los abusos militares es que los casos quedan impunes. Y esta impunidad se debe, en gran parte, a que la mayoría de los casos terminan siendo investigados y juzgados por el sistema de justicia militar, que ha demostrado que carece de independencia e imparcialidad.
La falta de condenas a soldados que cometen abusos graves demuestra que el sistema de justicia militar de México no permite una rendición de cuentas adecuada. Según los datos más recientes proporcionados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), durante su gobierno los tribunales militares han condenado a un sólo militar por cometer una violación de derechos humanos.
Como sabe, en su decisión en el caso Radilla-Pacheco c. México de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México modificar su Código de Justicia Militar a fin de cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales. La sentencia establece expresamente que en casos en que militares vulneren derechos humanos de civiles, "bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar".
Su gobierno ha reiterado en varias oportunidades que se comprometía a cumplir plenamente con la decisión de la Corte. Lo exhortamos a cumplir este compromiso enviando una propuesta al Congreso a la brevedad posible para modificar el Código de Justicia Militar y asegurar que todos los casos de violaciones de derechos humanos contra civiles sean investigados y juzgados por el sistema de justicia penal ordinario.
Desautorizar a los funcionarios que atacan a periodistas y defensores de derechos humanos
En el mencionado diálogo público, ha instado reiteradamente a la sociedad civil a "que teng[a] una participación activa y permanente en la discusión y seguimiento de las políticas en materia de seguridad". En particular, pidió a los periodistas que realicen una cobertura profunda de la lucha contra el crimen organizado y que generen espacios para que los ciudadanos puedan debatir sobre asuntos de seguridad pública.
Estamos de acuerdo con S.E. en que los periodistas, junto a los defensores de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil, juegan un papel crucial en el control de las iniciativas de seguridad pública y la construcción de una sociedad democrática. A fin de fomentar la participación continua de estas organizaciones de la sociedad civil, los servidores públicos deben asegurarse de que sus miembros reciban protección cuando estén en riesgo.
Por ello, consideramos sumamente preocupantes las declaraciones de integrantes de su gobierno que critican a medios y grupos de derechos humanos que no hacen más que cumplir con su trabajo. En un evento organizado en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Tortura, y ante una audiencia integrada por defensores de derechos humanos de todo el país, entre ellos el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, el entonces Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez Mont Urueta advirtió a estos defensores que no se convirtieran en "tontos útiles" de organizaciones de narcotraficantes. En una conferencia de prensa ofrecida unas semanas antes en Ciudad Juárez, luego de una escalofriante ola de asesinatos, el Dr. Gómez Mont acusó a los medios de fomentar las divisiones entre el público y el gobierno a través de su cobertura periodística de la violencia. De manera similar, el entonces Secretario de Turismo Rodolfo Elizondo señaló que "la insistencia de algunos medios de comunicación que dan mucha importancia a todo lo que sucede en el país en materia de crimen organizado" ayuda a que se deteriore la imagen de México en el exterior.
En lugar de favorecer un clima de "diálogo", estas expresiones debilitan los esfuerzos de periodistas y defensores de derechos humanos y cuestionan, sin fundamento alguno, la legitimidad. No obstante, S.E. no ha refutado estas críticas en ningún momento. Al respeto, quisiéramos solicitar a S.E. que se asegure que las autoridades de su gobierno se abstengan de formular declaraciones negativas hacía a la sociedad civil y defienda la importancia del trabajo desarrollado por periodistas y promotores de derechos humanos. Asimismo, le solicitamos que desautorice a los funcionarios de su gobierno que expresen este tipo de comentarios.
Proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil
Respaldar el papel de la sociedad civil resulta particularmente importante en un entorno en que cada vez más periodistas y defensores de derechos humanos son víctimas de amenazas y agresiones. El reciente asesinato de un reportero gráfico en Ciudad Juarez, los atentados con bombas contra medios en Sinaloa y Tamaulipas, y la agresión armada contra un líder comunitario indígena en Guerrero son sólo algunos de los ejemplos más recientes de los riesgos que enfrentan los periodistas y defensores de derechos humanos. Según la CNDH, durante su gobierno fueron asesinados 34 periodistas y 8 defensores de derechos humanos, y otros 8 periodistas están desaparecidos y se presume que no estarían con vida. Asimismo, durante una visita reciente, los relatores especiales para la libertad de expresión de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos hicieron referencia a que las autoridades mexicanas aún no habían implementado políticas de prevención y protección ante los graves casos de violencia contra periodistas.
No obstante, y aun frente a la intensificación de las amenazas y agresiones, el gobierno no ha tomado medidas para proteger a quienes se enfrentan a graves riesgos. Por ejemplo, pese a las reiteradas amenazas de muerte y a las constantes advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como Human Rights Watch para que se brinde protección, su gobierno no adoptó ninguna medida adecuada para garantizar la seguridad de dos defensores de derechos humanos en Tijuana. Al ver que su vida estaba en riesgo, estos defensores debieron abandonar Tijuana y no han podido regresar hasta hoy. Esta combinación de amenazas constantes y falta de protección del gobierno que sufrieron los defensores de Tijuana ha sido experimentada también por numerosos periodistas y defensores de derechos humanos en Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Guerrero, Chiapas, tanto como varios otros estados del país.
S.E. anunció recientemente la creación de un sistema de alerta temprana para periodistas, que serviría para prevenir y atender los casos de amenazas, intimidaciones y agresiones dirigidas a comunicadores sociales. Consideramos que este compromiso es sumamente importante. Esperamos que próximamente se den a conocer más datos acerca de cómo este sistema se propone tener un mejor desempeño que el de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, que hasta ahora no ha investigado de manera adecuada las amenazas y agresiones contra periodistas.
Si bien consideramos que un sistema de alerta temprana constituiría un paso positivo, creemos que lo adecuado sería iniciar un diálogo -esta vez con periodistas, defensores de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil nacional e internacional- para formular una estrategia federal amplia que permita proteger a quienes están expuestos a mayores riesgos de una manera efectiva.
Entre los componentes esenciales de un programa de alerta temprana, recomendamos establecer un organismo independiente que reciba denuncias de periodistas, defensores de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil que sean objeto de amenazas, actúe inmediatamente para evaluar el riesgo que enfrentan, cuente con los recursos necesarios y con independencia para proteger a estas personas cuando sea necesario, y reciba aportes y evaluaciones de organizaciones de la sociedad civil.
Acelerar la visita del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales
Que lastima que su gobierno no autorizo a tiempo una visita del Profesor Philip Alston, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas, cuyo mandato concluyo el pasado mes de julio. Al respeto, sería de la mayor importancia que su gobierno gestione una visita del nuevo relator sobre ejecuciones extrajudiciales a la brevedad posible, ojalá antes que concluya el presente año.
Tijuana no es un modelo de seguridad pública
El pasado mes de julio, S.E. designó al señor José Francisco Blake Mora, ex Secretario del Gobierno de Baja California, como su Secretario de Gobernación. Al anunciar sus condiciones y experiencia, S.E. se refirió varias veces a su "papel fundamental para hacer frente de manera decidida al problema de la violencia y al crimen organizado en Baja California". Estos comentarios fueron coincidentes con declaraciones anteriores en que se presentó a Tijuana como un modelo de cómo la estrategia contra el narcotráfico del gobierno -en especial la movilización de militares- había tenido resultados positivos y concretos.
No obstante, las investigaciones de Human Rights Watch demuestran que Tijuana está lejos de ser un modelo de operativo de seguridad pública. En abril, realizamos una misión de investigación en Tijuana y recibimos denuncias creíbles de uso sistemático de tortura por el Ejército en más de 100 casos desde el año 2009 inclusive de personas que presuntamente habrían sido detenidas de manera arbitraria, transportadas a bases militares y torturadas con el fin de obtener confesiones falsas. Las tácticas de tortura descritas responden a un patrón: según las víctimas y sus familiares, quienes les interrogaban, les vendaban los ojos, los golpeaban, les aplicaban descargas eléctricas en los genitales, amenazaban con matarles y los asfixiaban colocándoles bolsas de plástico en la cabeza. Durante la detención y los interrogatorios, las autoridades no informaron a las familias de los detenidos sobre su paradero. En varios casos, las víctimas afirmaron que las autoridades civiles colaboraban durante los abusos. Así, por ejemplo, la policía participaba durante las detenciones arbitrarias del Ejército y agentes del Ministerio Público habrían estado presentes cuando firmaban las confesiones extraídas bajo tortura.
A conclusiones similares ha llegado la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California. Por ejemplo, en un exhaustivo informe publicado en agosto de este año concluye que, en agosto de 2009, cinco personas fueron detenidas en forma arbitraria por un grupo de policías, quienes las mantuvieron incomunicadas, las torturaron y prefabricaron evidencias . El informe comprobó que el jefe de la policía municipal no sólo estuvo presente durante las torturas, sino que asfixió personalmente a una de las víctimas colocándole una bolsa de plástico en la cabeza y le propinó varios golpes. En lugar de usar esta información para abordar y procurar solucionar el problema, el jefe de policía desestimó los descubrimientos de la procuraduríay señaló que existían "intereses oscuros" detrás de la investigación. El alcalde de Tijuana, por su parte, advirtió que "no sean utilizadas instituciones defensoras de derechos humanos por delincuentes que roban la tranquilidad a la población".
La movilización de militares en Tijuana tampoco ha logrado reducir el número de asesinatos. Según información proporcionada por el gobierno del estado, durante 2007 se registraron 337 homicidios, mientras que en 2008 la cifra fue de 884, y en 2009, de 664. Desde el comienzo del año hasta el 28 de agosto de 2010, 531 personas fueron asesinadas en Tijuana, lo cual sugiere que este año podría ser uno de los más violentos en dicho estado.
Presentamos estas recomendaciones pues creemos honestamente que, si fueran implementadas, no sólo ayudarían a proteger los derechos fundamentales, sino que además reforzarían las iniciativas del país para combatir el crimen organizado. Sinceramente esperamos que S.E. las tome en cuenta al momento de evaluar las reformas a la estrategia de seguridad pública de su gobierno en un futuro próximo.
Aprovecho la oportunidad para expresarle a S.E. los sentimientos de mi más alta consideración y estima.
José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo
División de las Américas
Human Rights Watch
CC: Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Arturo Sarukhan, Embajador de México en los Estados Unidos; Carlos Pascual, Embajador de los Estados Unidos en México
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