Editorial del Washington Post
Washington— La secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton causó revuelo la semana pasada al dejar entrever que los cárteles mexicanos empiezan a parecerse a una insurgencia, semejante a la que ha asolado a Colombia. La secretaria tiene razón en cuanto a que tales organizaciones controlan ciertas partes del país, en las que “intentan suplantar al Estado”, como indicó el presidente de México Felipe Calderón el mes pasado. Al igual que la mayoría de los movimientos de insurgencia, los cárteles mexicanos cuentan con una fuente externa de fondos y armamento. Lamentablemente, se trata de Estados Unidos.
Un nuevo informe expone en detalle la gran cantidad de armas estadounidenses que se entregan a los cárteles –y la ineficacia de los esfuerzos de Norteamérica por poner fin al tráfico ilegal. De acuerdo con sus autores, Colby Goodman y Michael Marizco, al menos 62,800 de las más de 80 mil armas de fuego confiscadas por autoridades mexicanas de diciembre de 2006 a febrero de este año procedieron de Estados Unidos. En fechas recientes, el contrabando anual de armas por la frontera es de hasta 5 mil unidades. Las dos principales variedades son rifles de asalto: AK47 de fabricación rumana y clones de la Bushmaster AR-15.
Los traficantes han utilizado tales armas para cometer terribles asesinatos contra elementos de la Policía Mexicana y otras fuerzas de seguridad, quienes con frecuencia se ven superadas en armamento. Más de 2 mil agentes policiacos y federales forman parte de las 28 mil personas que han perdido la vida como consecuencia del aumento en la violencia relacionada con las drogas de los últimos cuatro años. De acuerdo con Goodman y Marizco, cuya investigación fue patrocinada por el Centro Woodrow Wilson y la Universidad de San Diego, tan sólo una tienda de armas de Houston proveyó 339 armas de asalto, rifles y pistolas a miembros de cárteles en 15 meses –y con las que se efectuaron los asesinatos de 18 agentes del orden público y civiles de México.
Cerca de 7 mil tiendas de armas operan a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. La mayoría de ellas no están obligadas a notificar a las autoridades incluso si una sola persona adquiere docenas de armas de asalto en un corto periodo de tiempo. En el año fiscal 2009, agentes estadounidenses revocaron el permiso de únicamente 11 tiendas debido a violaciones. Una vez que las armas son compradas –generalmente por compradores de “paja” que fungen como intermediarios del cártel–, éstas son traficadas con facilidad por la frontera.
Los gobiernos de Obama y Calderón han reforzado los programas para combatir el tráfico; por ejemplo, agentes mexicanos recibieron un sistema de bases de datos estadounidense que les permite rastrear con mayor rapidez las armas capturadas y reportar la información al departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Tesoro.
Pero al igual que ocurre con el proyecto general de Estados Unidos de ayudar a México en su cruenta batalla contra los cárteles, los recursos destinados a detener el tráfico de armas son insignificantes en comparación con la amenaza. A pesar de un elocuente llamamiento a cargo de Calderón durante un discurso ante el Congreso la primavera pasada, ni la cúpula demócrata ni el presidente Obama se han atrevido a impulsar la restitución de la prohibición a la venta de armas de asalto.
El jueves, Obama objetó la comparación hecha por Clinton entre México y Colombia. Pero haciendo a un lado cualquier diferencia entre los dos países, lo cierto es que México –país de una importancia estratégica indiscutible para Estados Unidos– se encuentra en una lucha desesperada por preservar su orden civil y su democracia liberal. Que Estados Unidos sea la fuente de muchas de las armas que están siendo utilizadas para atacar tal orden es algo terrible e inaceptable. Obama debería convertir el tema del tráfico de armas en una de sus prioridades de seguridad nacional.
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