Ordenanza buscaba castigar a quienes dieran trabajo o vivienda a indocumentados.
Después de cuatro años de litigio la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de Estados Unidos declaró unánimemente que ley antiinmigrante aprobada por la ciudad de Hazleton en Pensilvania es inconstitucional.
La medida aprobada en el 2006 pretendía castigar a las personas que alquilen una vivienda u ofrezcan trabajo a inmigrantes indocumentados.
El caso denominado Lozano Vs. Hazleton ha sido seguido de cerca en todo el país porque muchas ciudades tomaron esta legislación antiinmigrante como modelo para aplicar en sus jurisdicciones. Sin ir muy lejos el condado de Prince William trató de adoptar las mismas iniciativas, pero se lograron cancelar las más dañinas, como el de sancionar a quien diera un techo u ofrezca transporte a un indocumentado.
Después de pasar por varias instancias la resolución de la Corte en esta oportunidad es definitiva y ha sido considerada como la una victoria legal contra las leyes locales y estatales que afectan a los inmigrantes y provocan una persecusión racial contra los latinos o cualquier otro residente cuya apariencia lo distinga como extranjero.
“Esta es la mayor derrota para la equivocada, divisoria y cara estrategia antiinmigrante que Hazleton ha tratado de exportar al resto del país”, dijo Omar Jadwat, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés)
“La Constitución no permite a los estados y ciudades interferir con las leyes federales de inmigración o adoptar medidas que discriminen contra las comunidades latinas e inmigrantes”, añadió.
Caso desenmascara mitos sobre los indocumentados
Durante el juicio las autoridades de Hazleton sustetaron la medida culpando a los inmigrantes de ser los responsables de la bancarrota de la ciudad, del aumento en los costos del cuidado de la salud, y del incremento del índice de criminalidad. Las evidencias presentadas por los demandantes mostraron que mas bien fueron los inmigrantes latinos quienes -entre el año 2000 y el 2005- ayudaron a transformar el déficit del presupuesto en ganancias, que el sistema de hospitales privados generó 4 milones de dólares en ganancias y que el crimen descendió notablemente.
Con su decisión la Corte claramente considera este tipo de medidas dañinas para el desarrollo y el crecimiento de una región porque atentan contra la vida pacífica y el comercio.
"Leyes como esta destruyen comunidades y distraen a las autoridades de los verdaderos problemas que enfrentan los gobiernos locales. Se necesita una reforma migratoria que venga a nivel federal. Ordenanzas locales como ésta crean un efecto tóxico e inyectan desconfianza y actitudes discriminatorias donde previamente no han existido”, expresó Vic Walczak, Director legal de ACLU de Pensilvania abogado principal en el caso.
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