¡SIN INTROMISIÓN! DICE GOBERNADORA DE ARIZONA

• El estado de Arizona busca evitar la participación de México y otros países latinoamericanos en el proceso judicial que empieza el próximo mes en una corte federal de apelaciones sobre la validez de la ley SB1070.
• Hispano gana demanda al Sheriff Arpaio.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, expresó el martes su rechazo a que países extranjeros participen en la apelación que ella misma interpuso ante la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve en California.

Brewer también solicitó al tribunal tener la oportunidad de responder a los señalamientos presentados por México y otros países latinoamericanos la semana pasada por medio del recurso legal conocido como "Amicus Curiae" (Amigo de la Corte).
El gobierno de México apoyado por los de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Chile presentó un documento en el que expresa su preocupación ante los efectos que puede traer la ley de Arizona en las relaciones con Estados Unidos.
Asimismo, manifiesta que busca asegurar que sus ciudadanos en este país estén respaldados por los derechos humanos y civiles que otorgan la Constitución de EE.UU.
En un comunicado de prensa Brewer aseguró que las opiniones de gobiernos extranjeros no tienen influencia para determinar si una ley estatal se ajusta o no a la Constitución de Estados Unidos.
La Corte de Apelaciones del Circuito Nueve en San Francisco comenzará a escuchar argumentos a partir del próximo 1 de noviembre sobre la apelación interpuesta por el estado de Arizona y que busca revertir la decisión de una jueza federal que bloqueó algunas de las secciones más controvertidas de la SB1070.
El pasado mes de julio, en respuesta a una demanda entablada por el Departamento de Justicia en contra del estado de Arizona, la jueza Susan Bolton bloqueó las secciones que convertía en delito la presencia de inmigrantes indocumentados en el estado y que obligaba a las agencias del orden locales a cuestionar el estatus migratorio de aquellas personas sospechosas de encontrarse de manera ilegal en el país.
Gabriel Chin, profesor de leyes y de administración pública y política de la Universidad de Arizona, dijo hoy a Efe que está convencido de que la Corte de Apelaciones sostendrá el veredicto de la magistrada Bolton.
"La ley SB1070 es un esfuerzo del estado de Arizona por tener su propia ley migratoria. Estoy seguro de que el tribunal de apelaciones ratificará la decisión de que es inconstitucional", aseguró Chin.
El abogado dijo que es de suma importancia para el caso que México y otros países latinoamericanos presenten su testimonio durante el proceso de la apelación, ya que la legislación puede tener un efecto negativo en las relaciones exteriores.
"Leyes como la SB1070 pueden crear malos sentimientos en contra de los ciudadanos de otros países", enfatizó el académico.
Indicó que la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve tiene varios sistemas para analizar los casos, los cuales generalmente son escuchados por tres jueces.
Aclaró que es muy difícil predecir cuánto tiempo tomará a los jueces para llegar a una decisión, pero basándose en su experiencia podría ser aproximadamente un mes.
Independientemente de la decisión del tribunal federal de apelaciones, Chin considera que aún no está muy claro si este caso podría llegar hasta el Tribunal Supremo.
"Hasta el momento la SB1070 solamente es ley en Arizona, otros estados están 'hablando' de implementar leyes similares pero hasta el momento todo ha quedado en palabras, si ningún otro estado adopta leyes similares entonces difícilmente la Suprema Corte tomaría el caso", finalizó.

OFICINA DEL SHERIFF PIERDE DEMANDA

Un individuo que acusó al agente James Carey de la Oficina del Sheriff del Condado Maricopa de haber sido víctima de prácticas abusivas y discriminación racial en su contra en un incidente de tránsito en 2009 recibirá 600 mil dólares como resultado de la conciliación del caso.
La Junta de Supervisores del Condado Maricopa aprobó el miércoles la conciliación sin objeciones. Los supervisores Don Stapley, Fulton Brock y Max Wilson aceptaron la conciliación mientras los otros dos supervisores se encontraron ausentes. "Creímos que llegar a un acuerdo conciliatorio en el caso era lo que más lo que convenía al condado", manifestó Peter Crowley, gerente de riesgo del condado. Declinó hacer mayores comentarios y pidió dirigir las preguntas a la Oficina del Sheriff, la cual no ofreció declaraciones.
El litigio resaltó la reputación antiinmigrante de la Oficina del sheriff y acusó al sheriff Arpaio de no haber capacitado a sus agentes adecuadamente sobre cómo relacionarse con sospechosos de minorías étnicas.
En febrero de 2009, Armando L. Nido fue arrestado luego de que el agente Carey intentara detenerlo en Tempe debido a un faro trasero roto en su auto, de acuerdo con la notificación de demanda que figura en el condado y en otros registros públicos.

La demanda alega que la Oficina del Sheriff ha creado un "sentimiento antihispano y una cultura de odio" los cuales contribuyeron a las acciones de Carey.
Nido, quien cree que la Oficina del Sheriff realiza prácticas antihispanas, decidió no detener su vehículo y continuó manejando con dirección a su domicilio. Cuando llegó a casa y bajó de su auto, el agente Carey aceleró y lo atropelló dejándolo inmóvil debajo de la patrulla. Nido permaneció inmóvil debajo de la unidad hasta que llegaron los paramédicos, de acuerdo con la demanda. La situación hizo que la madre y los hermanos de Nido salieran de la casa. Ellos afirman también haber sufrido daños emocionales.
La demanda también alega que el demandante sufrió tanto heridas físicas como emocionales a consecuencia del altercado con Carey.
Carey renunció a la Oficina del Sheriff, según información recibida del subjefe de la Oficina del Sheriff.

(Con información de La Voz de Arizona, EFE y The Arizona Republic).