¡Basta, no más sangre!
Precisamente ahora, cuando se presenta en todo el país un agrio reclamo a Enrique Peña Nieto por haber desdeñado autoritariamente, y con el voto corporativo de las directoras de los institutos de las mujeres -de entidades gobernadas por el PRI-, la solicitud de Alerta de Género en el Estado de México, fray Raúl Vera López, obispo de Saltillo, fue el domingo pasado a la ciudad de Chihuahua para encabezar y acompañar solidariamente a las organizaciones civiles que con una marcha de protesta y una misa conmemoraban el primer mes del asesinato de la activista Marisela Escobedo Ortiz, quien fuera abatida a balazos frente a la sede del Poder Ejecutivo de esa ciudad.
Fray Raúl pidió perdón por la insensibilidad que quizá haya contribuido, dijo, a que la injusticia se ensañe y aparentemente prevalezca contra el justo. Igualmente enfatizó que “Chihuahua vive una emergencia humanitaria” por la violencia que dejó 5 mil 212 muertos en 2010, de los cuales 442 fueron mujeres, y añadió: “Me sumo a sus exigencias de poner alto a la violencia contra las mujeres y de que se establezca la Alerta de Género; así como al reclamo de frenar las violaciones de derechos humanos cometidas por los cuerpos policiacos y el Ejército, que incluyen desapariciones forzadas y uso de la tortura como método para extraer información o arrancar confesiones”.
El Obispo recordó también el reciente asesinato de la activista Susana Chávez, la poetisa que hizo suya la campaña “Ni una muerta más”.
La voz de don Raúl discrepa con respecto a la del Episcopado mexicano y la del resto de los ministros religiosos, católicos o no, aunque por supuesto hay excepciones. Un ejemplo ilustra esta aseveración: ayer la prensa nacional publicó la foto del cardenal Norberto Rivera, compartiendo el pan y la sal con Marta Sahagún y con uno de los hombres más ricos de México, Roberto González Barrera, presidente de Banorte, sólo con la high life; a la chusma, de lejos.
La mención de esa foto es oportuna porque ayer mismo el sacerdote defensor de los migrantes, Alejandro Solalinde (una de las excepciones), le reprochó al cardenal Rivera su ausencia, el que no se involucre en el apoyo a los migrantes y le solicitó volver a lo suyo: servir a la gente.
Otro hecho que muestra que la voz de don Raúl Vera y la de las y los ciudadanos organizados que reclaman justicia frente a la ineficiencia de los aparatos de justicia y el autoritarismo de Peña Nieto en su negativa a establecer la Alerta de Género en la entidad que dice gobernar, es que seis mujeres premiadas con el Nobel de la Paz condenaron el incremento de los feminicidios y la falta de protección a los y las defensoras de los derechos humanos en este país.
En su visita a Chihuahua, el Obispo de Saltillo enfrentó con humildad cierta actitud de hostilidad por parte de la jerarquía local, el arzobispo Constancio Miranda quien, en una llamada telefónica, le recordó a fray Raúl sobre el respeto que deben guardar a los territorios de las Diócesis y solicitar el permiso correspondiente para poder asistir a otros lugares, como en este caso.
Parece que el señor Constancio no tiene noticia de que por sobre las leyes de la Iglesia Católica está nuestra Constitución, que establece la libertad de tránsito y de expresión para todo mexicano, y fray Raúl lo es.
Monseñor Vera se define como un religioso evangelizado por los pobres y no como un evangelizador de los pobres, además afirma que como fraile dominico se identifica con una dimensión social y comprometida con la comunidad, y así empezó a andar con los más pobres, primero en Guerrero, después en Chiapas y ahora en Coahuila, no sin antes pasar por otras comunidades del país que lo evangelizaron.
Es muy raro encontrar en México obispos que sepan oponerse a sus compañeros cuando la verdad, la justicia y la ayuda a los débiles lo exigen, pero más extraño resultan las convicciones de don Raúl en el contexto mexicano de impunidad.
El Obispo sostiene que para servir a la Iglesia no basta con hablar, que el compromiso debe ser ponerle un piso a la esperanza, y él lo hace articulando prioritariamente su actividad en la defensa de los derechos humanos.
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