El periódico The Washington Post recién publicó un reportaje sobre los abusos y excesos en los cuales cayó el Federal Bureau of Investigations (FBI) en contra de activistas civiles durante la administración del ex Presidente de los Estados Unidos George W. Bush http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/20/AR2010092003100.html
El reportaje, el cual se basó a su vez en una extensa investigación del Departamento de Justicia reveló que estos grupos civiles llegaron a ser incluidos en las tristemente célebres “listas negras”, en lo concreto en las destinadas a grupos terroristas, por el mero hecho de apostarle a la “desobediencia civil pacífica” además de haber sido sometidos a escuchas telefónicas, obtención de información y hostigamiento.
Esta indagación contiene dos aspectos trascendentales; el primero es que no necesariamente fue el FBI, como institución, la que validó estos excesos sino que fueron agentes quienes en un supuesto uso legítimo de las facultades que les fueron conferidas, decidieron ir más allá de sus órdenes; el segundo es que si bien al nal dichas acciones fueron consideradas como violatorias de derechos civiles, durante toda la administración del ex Presidente Bush dichos agentes actuaron de conformidad con el marco jurídico que el Congreso de los Estados Unidos aprobó a petición expresa del Presidente para luchar (sin comillas) en contra del terrorismo después de los atentados de Septiembre 11.
Es un hecho conocido el que los Congresistas Norteamericanos aprobaron la Ley Patriótica sin conocer el contenido ni los alcances de la misma, el ánimo colectivo no permitía que nadie se atreviese siquiera a cuestionar los métodos que la Casa Blanca pretendía utilizar para combatir a quienes habían atentado en contra de ellos. El aprobar dicha Ley, entre otras co-relacionadas, convirtió a cada ser humano en el planeta como un potencial “combatiente irregular”, lo cual le permitiría al Gobierno Norteamericano abducirlo y llevarlo no a una cárcel, sino a los tristemente célebres centros de detención que la Central Intelligence Agency (CIA) tenía por todo el mundo, negándoles el acceso al derecho del “habeas corpus”, es decir que no podían enfrentar una acusación formal ante un Tribunal en los Estados Unidos para demostrar su inocencia; es de todos sabido los horrores ocurridos en los centros de detención de Abu Ghraib y Guantámo entre otros.
A estas medidas debemos sumar los errores y abusos contenidos en las referidas listas negras (SIGUE AL DINERO Y ENCONTRARÁS AL TERRORISTAhttp://mexicobajofuego.wordpress.com/2010/07/23/sigue-al-dinero-y-encontraras-al-terrorista/), respecto de las cuales ya hemos escrito previamente, los mecanismos para congelar bienes y recursos económicos antes de comenzar un proceso judicial, obligar a ciudadanos extranjeros a demostrar que no tienen vínculos con el terrorismo o con el crimen organizado por el mero hecho de profesar la religión musulmana o ser homónimos de alguna de las miles de personas contenidas en la lista OFAChttp://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/sdnlist.txt así como de los puntos de revisión internos en los Estados Unidos que han motivado el surgimiento de movimientos sociales que confrontan a los Agentes en pleno desierto, haciendo valer sus Derechos Civiles para no ser revisados por los agentes; quienes actúan “by the book”
Hoy, a 10 años de distancia de la creación de este marco jurídico es que se comienzan a ver las consecuencias de haber otorgado poderes extraordinarios para combatir al terrorismo sin haberse detenido a meditar los alcances de la misma; y por eso mismo, hoy que el Presidente Calderón pretende modificar el marco jurídico para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y otorgar facultades extraordinarias a la Policía Federal para conducir dichas investigaciones es que nos tenemos que sentar a analizar el contenido formal de la nuevas Leyes.
Debemos aprender de los errores de nuestros vecinos y no repetirlos, el hecho de levantar la voz para señalar que nuevamente el Ejecutivo insiste en sobreproteger al sistema financiero y dejar de lado al sistema económico no debe ser considerado como un acto de traición; hay que atender al hecho de que las medidas previas como lo es la nueva política para el depósito de Dólares ya está generando problemas para Centros Cambiarios y para comunidades que viven del turismo (EL FINAL DE LOS DIEZ MIL DÓLAREShttp://mexicobajofuego.wordpress.com/2010/06/10/el-final-de-los-diez-mil-dolares/), hay que preguntarse como pretende interpretar la próxima Ley de Extinción de Dominio Federal el Secretario más cuestionado del sexenio, quien ha sido acusado inclusive de crear montajes mediáticos y evidencias, debemos evitar que ciudadanos honestos sean designados como los nuevos terroristas desde una obscura oficina de gobierno.
Debemos acudir ante nuestros legisladores y mostrarles las ventajas y desventajas de crear un marco jurídico que beneficie a las áreas de inteligencia pero que presione, aún más, a la población económicamente activa; es trascendental que las personas que no viven en las ciudades nos digan que es lo que ocurre cuando están vendiendo un inmueble y son abordados por criminales con dinero en efectivo y son obligados a venderles sus casas.
No es hora de darle la espalda al Presidente, es hora de ayudarlo para que se haga las preguntas correctas antes de que pasen seis, cinco, cuatro o tres años y comiencen a surgir las historias de los excesos de los órganos del Estado en aras de esta lucha que debemos ganar, unidos, no separados.
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