¡Son las consecuencias, estúpido!

Por: Ana Joaquina Ruiz Guerra, investigadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Año tras año hemos visto escándalos que vienen y van. Para el alivio del político en turno, la conmoción dura apenas un par de semanas en el peor de los casos; sin embargo, para la gran mayoría de la ciudadanía se trata de “todo lo que anda mal en el país” y para otros es evidencia inequívoca de que somos ya un Estado fallido. Las crudas imágenes de los “daños colaterales” por la militarización, el constante mal uso de los recursos públicos y las demás tragedias exhibidas por los medios de comunicación, nos han dejado a los mexicanos en un impasse.

Para quienes defendemos la transparencia en los asuntos públicos es importante que podamos conocer los porqués, cómos, quiénes y cuántos de las decisiones políticas; particularmente las que conciernen a nuestro dinero (los recursos públicos). Sin embargo, quienes en un principio se oponían a la transparencia han visto que aun cuando el recuento de sus malas acciones u omisiones sale a la luz pública, simplemente no existen consecuencias. Ejemplos de impunidad tenemos de sobra: desde el “góber precioso” hasta las víctimas inocentes de la guardería ABC.

¿De qué nos sirve enterarnos y documentar si nada pasa? La transparencia, como valor fundamental para la construcción de un estado democrático, es sólo un paso previo para acompañar una adecuada Rendición de Cuentas. Esto no quiere decir que la transparencia no sea necesaria, incluso fundamental en un Estado que aspira a la democracia sustantiva.

Una vez construido y transitado el tramo inicial hacia el conocimiento de los asuntos públicos, es fundamental que existan consecuencias sobre los actos deshonestos o dolosos de quienes ocupan cargos públicos o se ven beneficiados por éstos. En este sentido, el Derecho a Saber nos ayuda para la construcción y allanamiento del camino que debemos recorrer para avanzar en otros derechos.

No se trata únicamente que sepamos qué funcionario público gastó recursos extraordinarios en cuestiones personales, sino que debería interesarnos conocer el por qué dichos recursos no están siendo empleados para el combate a la pobreza o para abastecer medicamentos. Claro que debemos estar enterados de qué prestaciones tienen algunos maestros sindicalizados, pero también qué impacto tiene esto en la calidad de la educación. Es importante saber cuál es el precio de la mezcla mexicana del petróleo pero todavía más importante conocer qué impacto están teniendo en el desarrollo del país estos recursos petroleros.

Y aunque saber es importante, no es suficiente. ¿Qué pasa si descubrimos una malversación de fondos? O peor aún, si evidenciamos que los recursos públicos están siendo utilizados para fines no deseados; como por ejemplo, favorecer a las grandes empresas agroindustriales en lugar de a pequeños productores en el medio rural. ¿Qué sucede si nos damos cuenta que el dinero de todos se utiliza con fines electorales en lugar de transferirse a quienes requieren esos recursos para su sobrevivencia? Así pues, la cuestión se trata no sólo de conocer, sino de que pasen cosas en torno a ese saber. No debemos esperar solamente sanciones para quienes han infringido la ley y malversen los recursos públicos a su favor, también queremos que cambien las cosas y se susciten modificaciones sustantivas en la forma en que se emplean dichos recursos. Es decir, que mejore la distribución del dinero público para combatir la desigualdad y la inequidad.

Desafortunadamente, el actual estado de las cosas ha llevado a los ciudadanos a la indignación pública, pero también a la clase política al mantenimiento del status quo. Los escándalos varían cada semana, pero los asuntos centrales no cambian. La Rendición de Cuentas debe servir para profundizar la democracia, así como para generar modificaciones a la estructura inequitativa e injusta que vive este país.

Así entonces, para los ciudadanos no sólo importa la economía, como dijo Clinton en su campaña, ¡lo importante también son las consecuencias!