Con sus facciones contraídas, el presidente Calderón expresó: "No puedo omitir mi profundo pesar, mi indignación y mi tristeza por la manera en que se está masacrando a la población civil..." En este instante pensaron los televidentes que hablaba de las muertes violentas en México. Pero no. Se refiría a las de Libia.
Los crímenes en agravio de inocentes, de cualquier raza o nación se lamentan, pero duelen más los de casa, por solidaridad o porque, como en nuestro caso, se derivan de las diarias matanzas del narcotráfico, pesadilla nacional permanente.
Pocos mexicanos sabían de Libia, nación sometida desde hace 42 años por el dictador Muammar Gaddafi, quien hoy recibe el repudio mundial por asesinar a miles de inocentes.
En su confusa política exterior, el régimen actual no había aludido a Gaddafi, ni por ser país petrolero. Hasta que estalló la revuelta manifestó consternación.
En México no hay levantamientos contra el gobierno, pero pudiéramos estar cerca de ellos por la inestabilidad nacional, derivada de las ejecuciones de más de 36 mil hombres y mujeres, en cuatro años y tres meses. Esto no conmueve a funcionarios calderonistas.
Ninguna autoridad, federal o de Chihuahua, ha derramado una lágrima por la señora Sara Salazar, a quien la delincuencia le ha asesinado a seis de sus diez hijos, así como a un nieto y a una nuera, en Ciudad Juárez.
El viernes pasado, fueron hallados los cadáveres de los hermanos Elías y Magdalena Reyes y el de Luisa Ornelas, quien era esposa del primero. Los "levantó" el hampa el 7 de febrero, fueron martirizados, muertos y sepultados en un baldío. Después, los cuerpos fueron exhumados, para ser lanzados en aguas pantanosas.
Mientras sucedió el hallazgo, la activista Sara Salazar y otra de sus hijas hacían huelga de hambre, primero frente a la fiscalía chihuahuense -tiempo en que le incendiaron su casa- y después ante el Senado de la República, en demanda de justicia. Nadie las escuchó. El gobernador César Duarte se ha desentendido de todo.
A la hora de sepultar a los tres cadáveres, el alcalde de Juárez, Tomás Archuleta, se negó a ayudar a los deudos por terror a la delincuencia. El visitador de la CNDH, Gustavo de la Rosa, ayudó a cavar las tumbas.
Es la vida de México en estos días. El desdén oficial por las víctimas de la delincuencia es absoluto. El día cuando fueron descubiertos los tres cadáveres de la familia Reyes Salazar, el presidente Calderón habló de los 4.5 millones de niños obesos de México, a quienes les venden inmundicias en las escuelas.
A PROPÓSITO DE ESCUELAS, en la Secretaría de Educación Pública son otorgados contratos de vigilancia y limpieza a través de la Dirección de Recursos Materiales, cuya titular es Carla Raigoza. Ella, por encima de las mejores propuestas de los concursantes, las concesiona a incondicionales, así no cumplan con las reglas de trabajo.
Un ejemplo: A la empresa CAPSIESA se le negó la renovación del contrato de seguridad, a través del cual ocupa a 1 mil 683 trabajadores. Se inconformó ante el Órgano de Control Interno de la Secretaría de la Función Pública, el cual exigió una fianza de 32 millones de pesos.
Cumplido el costoso requisito y tras ofrecer mejores condiciones de trabajo en una segunda licitación, la autoritaria Carla Raigoza arguye que no recibe órdenes de otra Secretaría de Estado. Así opera el corrupto sistema burocrático.
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